Es práctica común, como ya he comentado alguna vez, por los comerciales de diversas compañías aprovechar la confianza o la ignorancia de otras personas para “colocar” sus productos, especialmente cuando se trata de cambios de compañía (gas, electricidad, telefonía…). Otras veces directamente sustraen un recibo del buzón, copian los datos y falsifican la firma.

Por una vez parece que se ha hecho justicia… pero aún es insuficiente, porque estas prácticas son lamentablemente muy comunes, y luego el problema es del consumidor para reestablecer su situación inicial.

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Multan a una empresa de telefonía por lograr un contrato tras «engañar» a una anciana

La juez dice que el comercial actuó «de mala fe» porque la víctima tiene un trastorno mental La compañía deberá pagar 6.000 euros
19.12.07 – IOSU CUETO

Una empresa de telefonía deberá pagar una multa de 6.000 euros después de que una juez haya determinado que uno de sus comerciales recurrió al «engaño» para conseguir que una anciana de Vitoria firmara un contrato con su compañía, Tele 2. La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de la capital alavesa desestima el recurso interpuesto por la empresa contra la resolución del Departamento de Consumo del Gobierno vasco que le sancionó por su comportamiento.

Los hechos se remontan al mes de mayo de 2005, cuando F.R.D.G., de 80 años, que en ese momento se encontraba sola en su domicilio, recibió la visita de unos comerciales de la empresa Progedsa Soluciones. Según la magistrada, estas personas «consiguieron» que la mujer firmara un contrato con la compañía telefónica Tele 2, a pesar de que la anciana padece «un trastorno cognitivo compatible con la enfermedad de Alzheimer».

La sentencia considera acreditado que la víctima «no se estaba enterando de lo que hacía». Fueron sus familiares quienes se dieron cuenta de lo ocurrido al recibir la primera factura de Tele 2. De inmediato, presentaron una denuncia en Consumo.

«Se aprovecharon»

Según la juez, el comercial que habló directamente con la mujer actuó «de mala fe» porque «se aprovechó» de su trastorno mental. En realidad, añade la magistrada, la anciana «ni siquiera pudo comprender que se estaba produciendo un cambio de compañía telefónica, lo que en sí mismo ya constituye un engaño».

La denuncia llevó al director de Consumo del Gobierno vasco a dictar una resolución en diciembre de 2006 en la que se imponía una sanción de 6.000 euros a la empresa, que recurrió de alzada. Poco después, el 15 de febrero de 2007, el viceconsejero de Consumo y Seguridad Industrial del Ejecutivo autonómico ratificaba la multa, lo que motivó que la empresa llevara el caso a los tribunales, que han emitido una sentencia desfavorable a sus intereses contra la que ya no cabe recurso.

La compañía negó el engaño. Alegó que a sus trabajadores no se les puede exigir que conozcan «la situación médica» de las personas con las que contratan.