Raúl Lucas: siembra de odio, cosecha de ira

Luis Hernández Navarro

La quinta fue la vencida. Cuatro ocasiones anteriores, Raúl Lucas Lucía se había librado de la muerte. Pero el pasado 13 de febrero ya no pudo escapársele. Ese día fue detenido y desaparecido con violencia. Tres días más tarde fue asesinado. Sus restos aparecieron ocho días después. Su cuerpo tenía huellas de tortura y tiro de gracia. La misma suerte sufrió su compañero Manuel Ponce Rosas.

Insumiso, desde hace 10 años Raúl vivía acosado por el poder. En 1999, poco después de la matanza de El Charco, el Ejército Mexicano lo torturó y amenazó. En septiembre de 2001 nuevamente fue torturado por militares en su comunidad, junto a sus hermanos y cuñado. El 18 de octubre de 2006, después del paso de la otra campaña por la comunidad mixteca de El Charco, recibió amenazas de los soldados. El 15 de febrero de 2007 fue herido de bala en el cuello durante una emboscada que casi le costó la vida.

La quinta fue la vencida. El pasado 13 de febrero, Raúl y Manuel participaban en un acto oficial para inaugurar la construcción de edificios escolares en la ciudad de Ayutla de los Libres, Guerrero, junto con otras 35 personas. Recién acababa de pasar la una y media de la tarde cuando tres sujetos con armas largas llegaron, gritando policía. Los golpearon en la cabeza, los sacaron de la reunión a rastras para meterlos en una camioneta Liberty negra que los esperaba con el motor encendido y se los llevaron con rumbo desconocido.

Media hora después, Guadalupe Castro Morales, esposa de Manuel, recibió una llamada a su celular proveniente del teléfono de su marido. Cuando ella respondió, una voz masculina le advirtió: No empieces a chingar. Quédate calladita o jodemos a tu esposo. Esto les pasa por defender indios. No se supo más de ellos, hasta el 21 de febrero en que sus restos fueron encontrados.

Raúl Lucas García y Manuel Ponce Ríos eran indígenas, mixtecos, guerrerenses y pobres. Raúl era presidente de la Organización Independente de Pueblos Mixtecos (OIPM) y Manuel el secretario. La organización, nacida en 2002 de las comunidades sembradas entre profundas barrancas y grandes cerros, tiene su base en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres. Se dedica a defender los derechos de los pueblos indios de la región, a denunciar las violaciones de los derechos humanos que sufren y a gestionar proyectos productivos y de bienestar social para los nu’saavi.

La OIPM proviene de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT), fundada en 1994. De esta última surgió, también, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, que actualmente tiene a cinco de sus integrantes recluidos en el penal de Ayutla, y que han sido adoptados como presos de conciencia por Amnistía Internacional. Ambas uniones indígenas trabajan de manera coordinada con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Raúl era oriundo de la comunidad de Roca Colorada, en la región mixteca de Ayutla de los Libres. Durante muchos años luchó por el beneficio de las comunidades indígenas. Cuando fue nombrado presidente del comisariado de Coapinola defendió los bosques contra la tala ilegal de la madera que llevaban a cabo empresas que saqueaban la riqueza forestal sin permiso del comisariado. Con éxito, encabezó la lucha de las comunidades mixtecas de su municipio en contra del Programa de Certificación de Derechos Ejidales-Comunales (Procede).

El asesinato de Raúl y Manuel es el más reciente episodio de la cosecha represiva de El Charco. Ellos son las dos últimas víctimas de una saga macabra que se remonta casi 11 años atrás. En la madrugada del 7 de junio de 1998, mientras dormían en la escuela primaria Catarino Maldonado, 10 indígenas mixtecos y un estudiante de la UNAM fueron ejecutados –algunos sumariamente– por soldados. Los campesinos pertenecían a la OIPMT. El general Juan Alfredo Oropeza Garnica, jefe de la 27 zona militar, estuvo al mando del operativo. Ernesto Zedillo era presidente de la República. El gobierno quiso presentar la matanza como un enfrentamiento entre el Ejército y guerrilleros.

La lista de dirigentes indígenas regionales muertos violentamente desde entonces es larga. Entre muchos otros forman parte de ella Galdino Sierra Francisco, tlapaneco de Barranca de Guadalupe, miembro de las Comunidades Eclesiales de Base, asesinado en abril de 2000. Donaciano González Lorenzo, ejecutado en enero de 2001. Y Andrés Marcelino Petrona, dirigente mixteco de El Charco e integrante del Comité de Defensa de los Derechos Humanos, baleado el 26 de agosto de ese mismo año.

En una de muchas otras denuncias hechas en los últimos años, Raúl Lucas explicó cómo militares y policías han entrado en al menos 20 de las 28 comunidades mixtecas de Ayutla. Contó que en los pueblos La Fátima y Vista Hermosa los soldados llevan dulces a los niños, pero luego les preguntan si han visto a guerrilleros o a narcos. Explicó cómo en esas incursiones cerca de 100 uniformados a unos les robaron cultivos de caña y a otros los quisieron vincular con organizaciones guerrilleras como el ERPI o el EPR y, en el peor de los casos, con narcotráfico.

Como presidente de la OFPM, Raúl documentó en 2008 cuatro casos de violaciones a los derechos humanos consistentes en allanamientos, robo, daños, retenciones e interrogatorios ilegales efectuados por militares en poblaciones mixtecas y tlapanecas. Estos casos ameritaron la interposición de cinco quejas ante la CNDH y denuncias penales. Los abusos no cesaron.

Los homicidios de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Ríos son un paso adelante en la guerra de intimidación en contra de las comunidades indígenas de la Montaña y la Costa Chica. Dos hombres, dignos y valientes, defensores de los derechos de los pueblos indios, fueron salvajemente eliminados. En la región, los militares han sembrado odio, violencia, muerte, robo de cosechas, abusos. Le han echado gasolina al fuego. Que nadie se extrañe cuando se levante una cosecha de ira. –

Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Policia Comunitaria ” EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS SERA JUSTICIA”

www.policiacomunitaria.org

Jacinta salio libre. 3 años de prision. 60 mil pesos de deuda a los abogados. Y tre s compañeras indigenas mas por elmismo “delito” todavia adentro del penal.
Se hizo justicia? De ningun modo. La PGR no pagara daños ya que considera de que no se actuo mal. Y solo la liberaron porque la prensa hizo “ruido”, sus otras tres compañeras sentenciadas nadie les hizo caso y por ende si tendran que pungar mas de 25 años por secuestro cuando sus casos todavia son mas endebles que el de Jacinta. Los abogados cobraron y no trabajaron gratuitamente y la deuda se le traslado a ella y a sus familiares. Obviamente con posibilidad de que pierdan pertenencias.
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Justicia queretana.

Persisten graves deficiencias del sistema de justicia:

el caso de Jacinta Francisco Marcial,

acusada injustamente de secuestro

· Jacinta Francisco Marcial, mujer indígena otomí fue acusada y sentenciada injustamente en Querétaro, acusada del secuestro de seis agentes de la AFI.

· En su caso persisten graves desigualdades del sistema de justicia como la falta de acceso a un traductor y la negación de su derecho a la presunción de inocencia.

· El Centro Prodh demanda una actuación guiada por el más estricto respeto a los derechos humanos que restituya a doña Jacinta su libertad y reconozca su inocencia.

El 19 de diciembre de 2008 fue sentenciada injustamente en la ciudad de Querétaro la mujer indígena otomí Jacinta Francisco Marcial. Se le acusa, junto con Alberta Alcántara y Teresa González, de haber secuestrado a seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) durante hechos ocurridos el 26 de marzo de 2006 en la comunidad indígena Santiago Mexquititlán, del municipio de Amealco, Querétaro. Las pruebas empleadas para acusarla son insuficientes. Por lo contrario, su inocencia se encuentra plenamente probada y sustentada.

Hechos

El 26 de marzo de 2006, seis elementos de la AFI, sin identificarse como tales y sin portar uniforme, llegaron al tianguis de la plaza central de Santiago Mexquititlán. Despojaron a varios comerciantes de sus mercancías con lujo de violencia, alegando que se trataba de “piratería”. Los tianguistas afectados exigieron a los agentes su identificación y la exhibición de la orden que avalara su proceder; estos se negaron. La tensión aumentó y varios comerciantes afectados comenzaron a protestar.

El jefe regional de la AFI y el agente del Ministerio Público de la Federación en San Juan del Río, Querétaro, que acudieron al pueblo para dialogar con la gente afectada ofrecieron pagar en efectivo los daños ocasionados por los elementos de la AFI. Para esto argumentaron que debían trasladarse a la ciudad de San Juan del Río para conseguir el pago, por lo que ordenaron a uno de los agentes que permaneciera en el pueblo, como “garantía” de que regresarían. Éste, según testimonios, durante el tiempo que se quedó en el pueblo estuvo comunicado y jamás fue violentado en su integridad física. El incidente terminó cuando, el mismo día alrededor de las siete de la tarde, todos los elementos de la PGR que habían participado en los hechos dejaron la comunidad, después de haber acordado con los comerciantes la entrega de una cantidad correspondiente a los daños causados.

Fue hasta el 3 de agosto de 2006, cuando la señora Jacinta Francisco Marcial fue llevada, con engaños, a la ciudad de Querétaro. Allí, al ser presentada ante los medios de comunicación, se enteró de que la acusaban, con otras dos mujeres, de haber secuestrado a los agentes de la AFI durante los hechos ocurridos en marzo del mismo año. A la fecha, dentro del proceso se le condenó a 21 años de prisión y dos mil días de multa. Tras un minucioso proceso de documentación, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh) asume su defensa integral.

Postura del Centro Prodh

El caso de Jacinta Francisco Marcial muestra una vez más las deficiencias del sistema de justicia, las cuales tienen efectos que son sufridos con mayor intensidad por las mujeres indígenas debido a la triple discriminación de que son objeto: por ser indígenas, por ser mujeres y por ser pobres. Doña Jacinta ha sido víctima de violaciones a sus derechos humanos debido a que los órganos encargados de impartir justicia han vulnerado sus garantías procesales. Jacinta Francisco Marcial nunca tuvo acceso a un intérprete o traductor y se le negó el derecho de presunción de inocencia. En su caso, salen a relucir también las deficiencias de un modelo de justicia en el que subsisten elementos inquisitivos, como la preponderancia de las pruebas desahogadas por el propio Ministerio Público, que generan desigualdad procesal.

Su caso pone también de relieve la aplicación de tipos penales como el secuestro para procesar a quienes tienen alguna participación en manifestaciones en la vía pública. La señora Jacinta no participó en las acciones de los comerciantes, sin embargo es claro que la respuesta punitiva del Estado constituye una represalia a la manera en que los tianguistas se defendieron de los abusos de los agentes de la AFI, como ha sucedido en casos similares de protesta.

En el actual contexto de temor e inseguridad, dominado por las voces que exigen endurecer las sanciones para disminuir la delincuencia, el caso de doña Jacinta muestra la proclividad del sistema de justicia a imputar a personas inocentes, cuya situación es agravada por su condición étnica o de género, delitos que despiertan el mayor repudio social.

Frente a la vulneración de los derechos humanos de Jacinta Francisco Marcial, el Centro Prodh considera que el magistrado que resolverá sobre la apelación presentada el 22 de diciembre de 2008 tiene en sus manos la posibilidad de revertir las irregularidades existentes en el proceso y ordenar la inmediata excarcelación de Jacinta Francisco Marcial. En este sentido, demandamos una actuación guiada por el más estricto respeto a los derechos humanos que restituya a doña Jacinta su libertad y reconozca su inocencia.

Diálogo (inconcluso) entre un mapuche y un taxista
Pedro Cayuqueo
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… Explicarle al taxista que mi bisabuelo, el lonko Luis Millaqueo, nació en un País Mapuche libre e independiente, cuando Chile aquí no era Chile y Temuco tan solo una palabra más en nuestra lengua. Contarle que fue el cuarto hijo de una familia de prósperos comerciantes ganaderos del valle del Cautin. Y que tras la invasión chilena fue arrinconado en un pedazo de tierra junto a los suyos. En miserables 340 hectáreas. Es lo que consigna el Título de Merced, fechado en 1904.

Aeropuerto Maquehue. Tras dos semanas fuera de Chile arribo a Temuco. Llueve a raudales, como casi siempre. Abordo un radiotaxi rumbo al centro de la ciudad.. “Mala cosa esto del clima… apenas pudo aterrizar su vuelo”, me dice el taxista, tratando de entrar en conversación con tal vez su primer cliente del día. “No lo crea”, le respondo. “Donde estaba hace unos días no paraba de transpirar… hasta cierto punto extrañaba la lluvia y el frio”, agrego. Intrigado me pregunta de dónde vengo. “De Bolivia, específicamente de Santa Cruz, en el oriente”, le respondo. “Ahhh… mire usted, Bolivia… es allá donde tienen un indígena de Presidente, ¿cierto?… ¡ese que lesea con el temita del mar!”, agrega. ¿Qué piensa de Evo Morales?, me pregunta. Le explico que en Bolivia hay diferentes visiones sobre su mandato y su figura. Cuando estoy a punto de dar la mía, interrumpe. “Fíjese que aquí en Temuco también los indios andan alzados… todos los días lesean, se toman los fundos, cortan los caminos, se agarran con Carabineros… ¡que gente más ociosa!, si les entregaran las tierras ni sabrían que hacer con ellas, sería como entregarle una locomotora a un niño…. ¡si está gente nunca ha trabajado, son flojos, así es su naturaleza!”, sentencia. Cinco, diez… quince minutos de viaje y la charla del taxista no cambia de tenor. “¡Si ya está bueno que la corten!”, subraya con evidente indignación. Intento a ratos que el monólogo de pie a una conversación, pero no hay caso. El viaje llega a su fin. “¿Cuánto le debo?”, pregunto. “Son tres mil pesos mi caballero… y aquí tiene mi tarjeta, pa’ la próxima”, me dice amable. Descargo maletas y me despido. Y ya rumbo a casa, respiro.

Pasan los días y la conversación con el taxista ronda en mi cabeza. Me alarma un hecho en particular. No se trataba en absoluto de un neonazi criollo. Nada de corvos tatuados en el antebrazo, nada de esvásticas, ninguna marcha alemana en la radio. Si multitud de fotografías de nietos (por su edad, sospecho), la Virgen del Carmen al costado del retrovisor y una calcomanía algo desgastada de Deportes Temuco en el parabrisas trasero. Más moreno que muchos mapuches, sus rasgos delataban además un mestizaje familiar de larga data. Un chileno común y corriente en definitiva, amante de su familia y a sus años todavía esforzado trabajador. ¿Dónde situar el origen de su racismo? ¿En su educación? ¿Entorno social? ¿Experiencias de vida?… ¿En los medios de comunicación? Concuerdo que El Austral de Temuco puede alterar la percepción de la realidad, pero ¿tanto como transformar a un querendón abuelo taxista en un potencial miembro de los Trizano? No es el único, por cierto. Sospecho que decenas, cientos, miles de personas de similares ideas transitan a diario por las calles de Temuco. Y millones lo hacen por todo Chile. No son personas intrínsecamente perversas. Si algo esquizofrénicas. No lo digo yo. Lo grafican las encuestas. ¿Considera usted que el Estado está en deuda con los mapuches? Si, un 82 %. ¿Considera usted que el Estado debiera tomar medidas más drásticas contra los activistas mapuches? Si, un 76 %. ¿Debiera el gobierno aplicar la Ley Antiterrorista a los activistas mapuches? No, un 67% (Sondeo del Centro de Encuestas de La Tercera, Septiembre de 2008). Si, si, pero no. No, no, pero si. Discriminación “a la chilena”.

¿Qué hacer al respecto? ¿Pasar a la ofensiva? ¿A cada insulto racista responder con otro de mayor peso y calibre? Alguna vez creí que este era el camino, lo reconozco. Ese tiempo ya pasó. No queda más que insistir en la oportunidad que otorga la palabra. O las letras, en este caso. Qué ganas de llamar al taxista y cual Barack Obama en el patio de la Casa Blanca, abordar nuestras diferencias junto a una ronda de cervezas. Explicarle tal vez que mi bisabuelo, el lonko Luis Millaqueo, nació en un País Mapuche libre e independiente, cuando Chile aquí no era Chile y Temuco tan solo un palabra más en nuestra lengua. Contarle que fue el cuarto hijo de una familia de prósperos comerciantes ganaderos del valle del Cautin. Y que tras la invasión chilena fue arrinconado en un pedazo de tierra junto a los suyos, ello tras despojarlo el Ejército de los caballos que a sus 25 años ya comerciaba en sendas caravanas a Puelmapu, la “tierra mapuche del este”, el actual Neuquen de la República Argentina. Contarle que de miles de hectáreas, al bisabuelo le “redujeron” sus tierras a miserables 340. Es lo que consigna el Título de Merced, fechado en 1904 y que legalizó el saqueo, el despojo y la miseria de quienes sobrevivieron a la derrota. Sin eufemismos, esos retazos de tierras fueron llamados “reducciones” por la ley chilena. Se crearon más de 2 mil, bien lo sabe el Ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, que por estos días usa aquella cifra ante los medios para minimizar la cantidad de mapuches movilizados en el sur. “Son solo dos o tres comunidades dentro de un grupo de más de dos mil las que han optado por el camino violentista”, ha repetido hasta el cansancio.

Contarle al taxista que aquello que Pérez Yoma denomina “comunidades” son precisamente las “reducciones” donde los Pérez Yoma de la época encerraron a gente como mi bisabuelo y su parentela. “Comunidades” las llama el ministro y nosotros muchas veces también, olvidando que fueron (y tal vez siempre serán) grises campos de refugiados. Contarle también que tras la muerte del bisabuelo, mi chedki (abuelo materno) Alberto asumió como lonko, heredando no solo el cargo, también la condena de no poder ser más que un campesino pobre. Contarle que el abuelo pasó gran parte de sus 76 años, sin saber leer ni escribir, recorriendo juzgados y oficinas públicas, falleciendo de cáncer y de pena una lluviosa mañana de julio de 1990. Al igual que su padre, el abuelo Alberto buscaba inútilmente recuperar parte de lo robado y así proyectar un mejor futuro para sus 13 hijos. No logró reparación alguna y en el esfuerzo se le fue la vida. Contarle que Jacinta, la mayor de sus hijas, era su regalona. Y que sufrió mucho al dejarla partir, a sus 17 años, a Santiago en busca de trabajo y posibilidades de estudio. Contarle al taxista que Jacinta, joven culta, brillante y buenamoza, sería mi madre. La misma que no dudaría en desechar una beca a Estados Unidos con tal de aportar a la educación de sus hermanos, trabajando de sol a sol como empleada doméstica. Y que allí, en el destierro hostil de la capital, siendo una veinteañera, conoció a mi padre y que allí, entre días libres ella, días franco del regimiento él, se acompañaron, se enamoraron y, a la primera oportunidad, no dudaron en regresar juntos al sur, a su tierra.

Y que de esa unión, ya en los 70′, nacieron Maria Elena, Alejandra y el pasajero que aquel día de lluvia recogió en el Aeropuerto.. Contarle que Jacinta, aun enviudando poco después del retorno, se esforzó por transmitir a cada uno de sus hijos la disciplina del estudio y la ética del trabajo. También el amor por su cultura y el respeto hacia su pueblo. No le resultó fácil y sus manos, atrofiadas hoy tras tanta amanecida cociendo ropas ajenas, son el testimonio de su sacrificio. Contarle que Maria Elena, la mayor, vive en Londres hace 15 años; que Alejandra, la regalona de papá, destaca hoy en el campo de la medicina. Y que su pasajero transita por la vida como profesional del periodismo. O de la comunicación más bien dicho, pues entre “informar” y “poner en común” trato siempre de optar por lo segundo. ¿Será posible que usted y yo hagamos ese ejercicio, el de “poner cosas en común”?, preguntaría al taxista. ¿Será posible para usted ponerse en mi lugar y en el reconocimiento de la dolorosa historia que hoy comparto, respetarme y convivir juntos? ¿Existirá un sueño compartido entre los suyos y los míos que nos permita tratarnos como iguales en nuestra diferencia? Tal vez si exista. Tanto usted como yo adoramos por igual a nuestros hijos. Tanto usted como yo deseamos por igual una mejor vida para nuestras familias. Tanto usted como yo quisiéramos vivir en una región en paz. Tanto usted como yo, incluso, deseamos que Deportes Temuco tenga mejor suerte esta temporada ¿Será posible entonces poner el acento en lo que nos une y no en aquello que nos fragmenta? No me responda de inmediato. Antes quiero que me hable de usted, de sus padres, sus abuelos, conocer también retazos de su historia. Atrévase, no tenga miedo. Las próximas cervezas corren por mi cuenta, le diría..

Pedro Cayuqueo
Periodista, director de Azkintuwe
www.azkintuwe.org

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